Notiecos/Colima.- Cronistas colimenses presentaron el resultado de un análisis de carácter histórico y jurídico que realizaron en torno al conflicto de límites, en donde se demuestra con pruebas y documentos que a Colima le asiste la razón, lo cual se corrobora dado que desde antes de 1917 autoridades y las personas identificadas con la entidad, han hecho obras y ejecutado acciones de gobierno en las áreas que actualmente Jalisco reclama.
En rueda de prensa realizada en el Consejo de Participación Social para la Planeación que preside Francisco Íñiguez Ceballos, Miguel Chávez Michel, Rafael Tortajada Rodríguez y Rubén Velázquez, presidente, secretario y tesorero de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima respectivamente, así como Juan Delgado Barreda y Noé Guerra Pimentel, miembros del Consejo de Vigilancia de la misma asociación, hablaron sobre las pruebas históricas.
Los cronistas criticaron la postura de las autoridades jaliscienses, pues aseguraron que están pasando por alto que además de los documentos, existen razones como la posesión histórica y el arraigo social, que prevalecen en un conflicto como el que inútilmente han promovido en ya tres repetidas veces.
Actualmente, dijeron, son movidos por su ambición para quedarse con los yacimientos ferrosos de Peña Colorada y con los enclaves turísticos de la Península de La Culebra, entre otras ricas regiones de nuestra entidad.
Los cronistas colimenses destacaron la falta de pruebas que antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha presentado Jalisco y que no rebasan los 25 documentos, entre ellos 19 mapas inválidos de particulares y seis documentos, ninguno relacionado geográficamente con las zonas en conflicto.
Por su parte, Colima presentó 590 pruebas documentales públicas, todas ellas relacionadas con los territorios reclamados. Con esto se ampara, da legalidad y vigencia política de Estado como una de las 32 entidades federativas que actualmente hacen a la República Mexicana, “además del sentido de identidad a quienes la habitamos y nos obligamos a defender”, indicó Miguel Chávez Michel.
Del mismo modo, recordó que el conflicto inicia en la época colonial, Colima tuvo un territorio varias veces más grande que el actual y del que comenzó a ser desposeído por las dos entidades vecinas, a partir de 1530, cuando Nuño Beltrán de Guzmán invadió dominios de Cortés, para anexarlos a la naciente Nueva Galicia.
Posteriormente Colima perdió los pueblos de la provincia de Amula y Autlán, a manos de la misma provincia de Nueva Galicia, y luego la actual zona costera de Michoacán, precisamente por obra de las autoridades de Valladolid.
Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII, la Alcaldía Mayor de Colima aún tenía jurisdicción sobre el Corregimiento de Xilotlán, y fue el último alcalde mayor de Colima, Miguel José Pérez Ponce de León, quien fundó el pueblo de Santa María de Guadalupe de Tecalitlán, entre 1774-75. Documentando esto último todavía en su descripción de la Provincia de Colima, fechada el 5 de febrero de 1789.
Tras aplicar la nueva Ley de Intendencias, Colima dejó de ser Alcaldía Mayor para formar parte de la Intendencia de Valladolid, a partir de 1791, siendo su último alcalde el ya mencionado, y su primer subdelegado, don Luis de Gamba y González.
“Situación en la que duró sólo cuatro años, puesto que el rey de España concedió a las autoridades de Guadalajara, la posesión de Colima junto con sus parroquias. Quedando en ese momento Colima adscrito a la entonces llamada Intendencia de Guadalajara, como uno de sus 28 partidos”.
Sin embargo, en junio de 1823 las autoridades del ayuntamiento de Colima decidieron aprovechar las circunstancias políticas para recuperar su independencia y convertirse en Estado de la Federación por nacer. Condición que no pudo asumir por su escaso número de habitantes, y quedó como Territorio de la Federación, pero ya sin Xilotlán ni Tecalitlán, con los que arbitrariamente se quedó el también naciente Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Desde entonces y hasta la fecha, Colima ha tenido jurisdicción sobre todos los pueblos y territorios que quedan circunscritos dentro de límites que históricamente le ha reconocido el gobierno federal.
De este modo es que Jalisco, basado en un mapa mal hecho del siglo XIX, así como en documentos que no prueban nada, pretende arrebatarle algunas importantes porciones de territorio a los municipios de Manzanillo, Minatitlán y Comala.
En rueda de prensa realizada en el Consejo de Participación Social para la Planeación que preside Francisco Íñiguez Ceballos, Miguel Chávez Michel, Rafael Tortajada Rodríguez y Rubén Velázquez, presidente, secretario y tesorero de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima respectivamente, así como Juan Delgado Barreda y Noé Guerra Pimentel, miembros del Consejo de Vigilancia de la misma asociación, hablaron sobre las pruebas históricas.
Los cronistas criticaron la postura de las autoridades jaliscienses, pues aseguraron que están pasando por alto que además de los documentos, existen razones como la posesión histórica y el arraigo social, que prevalecen en un conflicto como el que inútilmente han promovido en ya tres repetidas veces.
Actualmente, dijeron, son movidos por su ambición para quedarse con los yacimientos ferrosos de Peña Colorada y con los enclaves turísticos de la Península de La Culebra, entre otras ricas regiones de nuestra entidad.
Los cronistas colimenses destacaron la falta de pruebas que antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha presentado Jalisco y que no rebasan los 25 documentos, entre ellos 19 mapas inválidos de particulares y seis documentos, ninguno relacionado geográficamente con las zonas en conflicto.
Por su parte, Colima presentó 590 pruebas documentales públicas, todas ellas relacionadas con los territorios reclamados. Con esto se ampara, da legalidad y vigencia política de Estado como una de las 32 entidades federativas que actualmente hacen a la República Mexicana, “además del sentido de identidad a quienes la habitamos y nos obligamos a defender”, indicó Miguel Chávez Michel.
Del mismo modo, recordó que el conflicto inicia en la época colonial, Colima tuvo un territorio varias veces más grande que el actual y del que comenzó a ser desposeído por las dos entidades vecinas, a partir de 1530, cuando Nuño Beltrán de Guzmán invadió dominios de Cortés, para anexarlos a la naciente Nueva Galicia.
Posteriormente Colima perdió los pueblos de la provincia de Amula y Autlán, a manos de la misma provincia de Nueva Galicia, y luego la actual zona costera de Michoacán, precisamente por obra de las autoridades de Valladolid.
Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII, la Alcaldía Mayor de Colima aún tenía jurisdicción sobre el Corregimiento de Xilotlán, y fue el último alcalde mayor de Colima, Miguel José Pérez Ponce de León, quien fundó el pueblo de Santa María de Guadalupe de Tecalitlán, entre 1774-75. Documentando esto último todavía en su descripción de la Provincia de Colima, fechada el 5 de febrero de 1789.
Tras aplicar la nueva Ley de Intendencias, Colima dejó de ser Alcaldía Mayor para formar parte de la Intendencia de Valladolid, a partir de 1791, siendo su último alcalde el ya mencionado, y su primer subdelegado, don Luis de Gamba y González.
“Situación en la que duró sólo cuatro años, puesto que el rey de España concedió a las autoridades de Guadalajara, la posesión de Colima junto con sus parroquias. Quedando en ese momento Colima adscrito a la entonces llamada Intendencia de Guadalajara, como uno de sus 28 partidos”.
Sin embargo, en junio de 1823 las autoridades del ayuntamiento de Colima decidieron aprovechar las circunstancias políticas para recuperar su independencia y convertirse en Estado de la Federación por nacer. Condición que no pudo asumir por su escaso número de habitantes, y quedó como Territorio de la Federación, pero ya sin Xilotlán ni Tecalitlán, con los que arbitrariamente se quedó el también naciente Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Desde entonces y hasta la fecha, Colima ha tenido jurisdicción sobre todos los pueblos y territorios que quedan circunscritos dentro de límites que históricamente le ha reconocido el gobierno federal.
De este modo es que Jalisco, basado en un mapa mal hecho del siglo XIX, así como en documentos que no prueban nada, pretende arrebatarle algunas importantes porciones de territorio a los municipios de Manzanillo, Minatitlán y Comala.
